El TDC de Madrid pide a Economia que investigue a la universidad publica

El Tribunal madrileño ha remitido a Economía una denuncia contra las "prácticas desleales" de algunos catedráticos. Los ingenieros critican la "incompatibilidad" de los funcionarios para realizar trabajos e informes.

FUENTE | Expansión

El Ministerio de Economía tendrá que vigilar con lupa el trabajo de funcionarios de la universidad pública. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid acaba de remitir a la Dirección General del Servicio de Defensa de Competencia del departamento que dirige Pedro Solbes una denuncia sobre las "supuestas prácticas desleales" que algunos catedráticos realizan en el mercado de servicios de peritaje, según un documento al que ha tenido acceso este diario.

El Tribunal que dirige Carlos Bustelo ha decidido elevar la denuncia a Economía "a la vista del carácter supraautonómico de las prácticas denunciadas" por el ingeniero de minas, Miguel Ángel Gallardo, el pasado 2 de abril.

En concreto, Gallardo denunció los informes periciales y servicios judiciales que varios profesores de la Universidad Politécnica de Madrid -funcionarios a tiempo completo- elaboran, violando, en su opinión, la normativa de incompatibilidades del sector público y compitiendo deslealmente con los profesionales que se dedican a este tipo de tareas por cuenta propia.

Aunque ésta no es una crítica aislada. Desde hace tiempo, las asociaciones de profesionales de ingeniería denuncian la competencia desleal en la que incurre la universidad pública. "Está claro que las universidades están haciendo cosas para las que no se han creado", explica Carlos Amor, director de Análisis de Tecniberia/Asince, patronal que agrupa a las grandes empresas del sector. Amor argumenta que la nueva Ley de Contratos Públicos, en trámite parlamentario, "fomenta más" todavía las situaciones de competencia desleal que ya se están produciendo.

El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, instaba la semana pasada a todos profesionales que se sientan agraviados por estas prácticas a "acudir a los tribunales". Pero el caso ya ha llegado a la Justicia y va a tener que investigarlo de cerca el propio Ministerio de Economía, porque, como reconocen fuentes del sector, cada vez es más frecuente este tipo de prácticas con las que los catedráticos de toda España obtienen "sobresueldos nunca controlados por las instituciones públicas".

Expertos en competencia consultados por este periódico consideran que estos trabajos son una "infracción clara" de la Ley de Incompatibilidades de los empleados públicos. Aunque reconocen que para que la Dirección General del Servicio de Defensa de la Competencia acepte estos hechos como un caso de deslealtad frente al sector privado, "tiene que acreditarse que afecta al interés público", y no sólo se trata de una "práctica restrictiva de la competencia".

"Todo esto ocasiona un claro perjuicio al interés público porque los profesores y catedráticos, que tienen sus plazas y nóminas aseguradas, dedican buena parte del tiempo que deberían atender a sus obligaciones docentes a otras actividades que han demostrado ser más lucrativas y que, presuntamente, no siempre se declaran a la Universidad", asegura Gallardo.

CRÍTICAS DESDE EL EXTERIOR

A pesar de todo, la Universidad Politécnica de Madrid opina que es "legal" que sus catedráticos cobren por realizar trabajos. Una práctica que, según sus servicios jurídicos, permite que "no se vayan de la universidad pública a la empresas privadas". España no es el único país en el que las universidades y organismos públicos concurren con las empresas privadas en la prestación de servicios. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas ha sido denunciada incluso desde el extranjero.

La Federación Panamericana de Consultores alertaba recientemente de que la Universidad Pública española "compite deslealmente, usando las instalaciones, equipos de enseñanza y tiempo de sus alumnos y profesores", alentando "el lucro antes que la excelencia".

Autor: David Gracia