La competencia llega a la Universidad

Tres años de legislatura y dos equipos ministeriales después, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) se vota hoy en el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, se aprobará. Esta ley es la contestación del Gobierno a las protestas que la legislatura pasada sacaron a la calle a más de 350.000 personas, incluidas varias decenas de rectores. La principal queja de los centros fue la "invasión de la autonomía de las universidades" que, según ellos suponía aquella norma, la LOU.

FUENTE | El País

La actual ley se dirige radicalmente hacia el camino opuesto: gran autonomía a los centros en la gestión, organización de sus estudios y contratación de sus profesores. Esto les dará libertad para adaptarse a las necesidades educativas de España y de la UE, pero también desatará como nunca la competencia entre las 74 universidades españolas para lograr, en el mejor de los casos, a los alumnos y profesores más brillantes y, en el peor, a intentar sobrevivir. Todo ello con el horizonte de un sistema unificado de títulos homologable en toda Europa, previsto para 2010. Con la reforma, los profesores tendrán que acreditar documentalmente ante la administración su experiencia y méritos como primer paso para convertirse en funcionarios. Luego cada universidad decidirá cómo seleccionarlos. En cuanto a las titulaciones, los campus diseñarán sus carreras a partir de unas plantillas generales para cada área de conocimiento (humanidades, ciencias sociales, etcétera) que establecerá el Gobierno. Los títulos tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Educación y las comunidades. Los Grados, de cuatro años, sustituirán a diplomaturas y licenciaturas, y los posgrados se dividirán en másteres de especialización y doctorados. Los títulos con atribuciones profesionales, como medicina o arquitectura, sí serán definidos al detalle por el Estado, como se hacía hasta ahora con todas las carreras oficiales.

Desde el Gobierno siempre se ha acompañado el discurso de la autonomía con el de la rendición de cuentas como contrapartida. El nuevo texto hace gran hincapié en las evaluaciones tanto de profesores e investigadores como de la calidad de las carreras, y contempla la posibilidad de que desde el Gobierno se incentive la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico de los docentes e investigadores funcionarios y contratados. Además, el ministerio ya ha anunciado que pretende que los resultados de las universidades condicionen el presupuesto que reciben.

Pero la realidad que señalan los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria es que será precisamente el mercado común europeo de titulaciones el que obligará a las universidades a mejorar para competir. En el momento en el que cualquier español pueda estudiar en otro país europeo y el título le sirva directamente para trabajar o seguir estudiando de vuelta en España, la diferencia puede estar entre perder alumnos o ganarlos de otros países.

Y la competencia también se producirá entre los campus españoles. La oferta académica está actualmente fragmentada, "desordenada y sin coordinación", como la calificó el presidente de los rectores, Juan Vázquez. En los últimos años, mientras el número de universitarios descendía, las carreras se multiplicaban, ofreciendo la misma, a veces a muy pocos kilómetros de distancia.

El resultado es que dos tercios de las 2.200 titulaciones que se ofrecen en España tienen menos de 125 alumnos nuevos al año, la cifra clásica que se ha dado como mínima para que una carrera sea viable. Ahora, con menos alumnado universitario, algunos expertos prefieren la cifra mínima de 70, pero, según las cifras del curso 2004-2005, aún hay unas 700 carreras por debajo de este listón, y más de un centenar tienen menos de 10 alumnos nuevos.

La solución es la especialización, según Juan Vázquez, que permite esta reforma de la LOU. "Es una ley para interferir lo menos posible, que no crea un modelo único, sino que permite la diferenciación entre las universidades", asegura. Los campus han intentado abarcar todas las titulaciones, todas las ramas del saber, todo tipo de investigaciones, explica Vázquez, y ahora, en el nuevo contexto de competitividad, sería el momento de especializarse, pero "dentro de un sistema articulado, ordenado", recalca. Los expertos señalan las necesidades de cada territorio, o los campos en los que ya se ha destacado como criterios para esa diferenciación. Algunos de ellos creen que parte de las becas podrían orientarse a fomentar la matriculación en carreras estratégicas en cada caso.

La opción de especializarse en la investigación también queda en manos de los campus con la reforma de la LOU. Se abre la posibilidad de que las universidades y los institutos públicos de investigación instituyan institutos mixtos con empresas privadas a los que podrán adscribirse sus docentes. Además, cuando un profesor investigador obtenga resultados científicos, éste podrá negociar con la universidad la creación de un empresa conjunta para la aplicación práctica en la sociedad de estos nuevos conocimientos.

El uso de todas estas herramientas dependerá de la voluntad de las universidades, pero, sobre todo, de la financiación que reciban. A pesar de las quejas de rectores y sindicatos, la revisión de los criterios para financiar las universidades públicas (en la actualidad basada principalmente en el número de estudiantes), ha quedado fuera de la reforma de la LOU. "Ahora necesitamos los medios para que podamos ejercer esa autonomía tan proclamada", asegura Juan Vázquez. "Ya hemos hablado mucho de la legislación, ahora es tiempo de pensar muy bien cómo queremos que sea la universidad dentro de 10 años".

Los rectores también manifiestan su temor a que "la autonomía no llegue a las universidades", "que todas estas transferencias por parte del Estado se conviertan en nueva regulación autonómica" cuando los Gobiernos de las comunidades desarrollen la ley.

ERASMUS Y EVALUACIONES PÚBLICAS

Estos son los principales cambios que introduce la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que previsiblemente se aprueba hoy en el Congreso:

- Estatutos. La ley prevé la redacción de estatutos en los que se definirá la carrera profesional de los profesores atendiendo a sus méritos docentes y de investigación científica y tecnológica. También los investigadores contarán con un estatuto que desarrolle su carrera. Un tercer estatuto, el del Estudiante Universitario, recogerá sus derechos y deberes y contemplará la constitución de un Consejo de Estudiantes.

- Evaluación y transparencia. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), principal organismo que fijará los criterios de evaluación de los campus, se convierte en agencia estatal. Además, los resultados de las evaluaciones de docentes, investigadores y alumnos serán públicos sin necesidad de que los interesados den su consentimiento.

- Becas. Se tendrá en cuenta el coste de la vida en cada lugar al conceder las becas. De momento, el borrador de real decreto de umbrales para el curso próximo no establece distintos umbrales y, como ya se ha hecho este año, se destina un dinero extra para algunas becas si los alumnos estudian en ciudades de más de 100.000 o 500.000 habitantes. Además, el nuevo texto de LOU pide fomentar las ayudas de movilidad como las Erasmus.

- Rector. Cada universidad decidirá si el rector es elegido por la comunidad universitaria mediante sufragio universal (incluyendo alumnos y personal de administración y servicios) o por el claustro.

- Conferencia Sectorial. El Consejo de Coordinación Universitaria se dividirá en dos. El Consejo de Universidades, formado por el ministerio y los rectores, y la Conferencia Sectorial, un foro de encuentro entre el Estado y las comunidades en materia universitaria. Propondrá la programación general de estas enseñanzas, y tratará sobre equipamientos, instalaciones, personal, financiación e investigación.

- Investigación. Los profesores investigadores de la universidad y de organismos públicos de investigación, tanto funcionarios como contratados de forma indefinida, podrán pedir excedencias de cinco años para incorporarse a una empresa y seguir desarrollando de ese modo sus trabajos. Además, los investigadores, al final de un contrato temporal, podrán ser contratados de forma indefinida por estas entidades si los científicos han recibido evaluaciones positivas. Esta medida puede solucionar la situación de los científicos del Programa Ramón y Cajal. Actualmente, estos investigadores, tras los cinco años de su contrato, se ven en la mayoría de los casos abocados al paro.

- Escuelas universitarias. Los catedráticos de escuelas universitarias podrán integrarse en el cuerpo de profesores titulares de universidad en las mismas plazas que ocupen. Y los profesores titulares de estas escuelas que posean el título de doctor, o lo obtenga posteriormente y acrediten sus méritos, podrán pasar a ser titulares de universidad. Las facultades establecerán programas específicos para facilitar que estos profesores compaginen su tarea docente con la obtención del título de doctor.

- Universidades privadas. Asegurarán que en sus órganos de gobierno y representación haya una participación adecuada de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Las decisiones "estrictamente" académicas deberán adoptarse en órganos con representación mayoritaria del personal docente e investigador. Como las públicas, tienen tres años para adaptar sus estatutos a la ley.

- Igualdad. Los órganos de representación y gobierno de las universidades públicas y privadas deberán elegir a sus representantes de forma equilibrada entre hombres y mujeres. Se excluye al equipo de gobierno (rectores y vicerrectores) de esta obligación.

- Discapacidad. Las universidades desplegarán todos los medios necesarios para garantizar el acceso, el ingreso y la permanencia en los campus de las personas con discapacidad, lo que incluye, si es necesario, la adaptación de cualquier espacio y servicio. Además, se dice expresamente que no tendrán que pagar la matrícula.

Autor: J. A. Aunión
Fuente: El país